La denuncia de anticorrupción contra el ex-alcalde socialista de Seseña, admitida a tramite por el Juzgado de Illescas

Todo gira al rededor de las viviendas de "El Pocero"

El Juzgado de Instrucción Número 4 de Illescas ha admitido a trámite la denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra el ex alcalde socialista de Seseña, José Luis Martín Jiménez, por su actuación en la aprobación de la macrourbanización de El Quiñón. Fuentes judiciales han confirmado a este medio que la titular del Juzgado, Carmen Martín, ha decidido incoar la denuncia, por lo que abrirá diligencias previas a partir de la semana que viene.

Con este dictamen, efectuado una vez pasadas las ‘vacaciones judiciales’ de agosto, el proceso legal sobre este programa de actuación urbanizadora (PAU) promovido por el constructor Francisco Hernando ‘El Pocero’ da un nuevo paso, al no quedar archivada la actuación lanzada por Anticorrupción a raíz de un escrito presentado por Izquierda Unida en el año 2006.

Además, también queda descartada la hipótesis de una inhibición en este asunto del Juzgado Número Cuatro, ante el hecho de que también instruyó varias querellas del constructor Hernando contra el actual alcalde de Seseña, Manuel Fuentes (IU), en represalia por las acciones del regidor en la denuncia de este proyecto urbanístico. Una de ellas obligó a Fuentes y otros ediles de su grupo a pagar unos 133.000 euros en concepto de fianza el pasado mes de julio.

En principio, no ha trascendido que vaya a haber nuevas imputaciones en este procedimiento, en el que hasta ahora el ex edil Martín figura como único acusado.

La Fiscalía achaca a Martín tres presuntos delitos tras su investigación del PAU. Uno es el de prevaricación, al encontrar indicios de que adoptó resoluciones injustas a sabiendas en la aprobación del proyecto de El Quiñón con el apoyo de su grupo de concejales en el Pleno antes de que perdiera la Alcaldía en 2003. Además, se le imputa un delito contra la Hacienda Pública al no declarar incrementos patrimoniales «injustificados» desde el año 2002. Otro presumible delito del que se acusa al ex alcalde es el de cohecho, ante la posibilidad de que su enriquecimiento provenga de una dádiva otorgada por otra persona a cambio darle un trato de favor como autoridad pública.

Martín deberá aclarar por ello dos cuestiones fundamentales. La primera se refiere a la legalidad del proceso de aprobación de El Quiñón, que supuso la recalificación de casi dos millones de metros cuadrados para levantar más de 13.000 viviendas. Este proyecto, según remarcó la Fiscalía, quintuplicaría la población de Seseña para pasar de 8.000 a 40.500 vecinos y se hizo «a sabiendas de la falta de elementos necesarios y preceptivos».

La segunda se refiere al llamativo aumento de su patrimonio. Durante su investigación, el Ministerio Público detectó desembolsos efectuados por el ex alcalde en la adquisición de fondos de inversión y otros conceptos por un valor superior a los 670.000 euros entre los años 2002 y 2005, así como que el controlaba dos sociedades mercantiles a nombre de sus hijos cuyos ingresos «resultan de operaciones de naturaleza no determinada».

Ante esto, Martín alegó que había ingresado 144.000 euros por cinco cupones premiados de la ONCE en el 2000, de los que presentó fotocopia. El ex edil justificó su enriquecimiento en la reinversión de este dinero que sin embargo no declaró a la Hacienda Pública, por lo que el Ministerio Público no da por acreditada su versión.

En su denuncia, el Fiscal aprecia la existencia de los delitos de prevaricación, cohecho y delito contra la Hacienda Pública, en la tramitación del PAU que la empresa Onde 2000 SL presentó ante el Ayuntamiento el 19 de noviembre de 2002, y que incluía la recalificación de 1.833.147 metros cuadrados de suelo rústico para construir 13.508 viviendas que suponían una estimación poblacional de 40.500 habitantes.

Ese mismo año y coincidiendo con la presentación del PAU, el alcalde "sin que conste el origen del dinero", suscribió fondos de inversión y seguros por importe de 158.000 euros y 1.800 euros, respectivamente y adquirió un bien inmueble en la provincia de Málaga por 9.617 euros. Sus salarios, en las fechas comprendidas entre los años 2001 a 2005, ascendieron a la cantidad de 27.806 euros brutos, a excepción del año 2003, cuando tras abandonar su cargo percibió 17.074 euros brutos, de los que 12.667 procedían del Ayuntamiento.

En cuanto a la tramitación del PAU, la denuncia de la Fiscalía recoge que ese trámite requería una consulta previa a la Comisión Provincial de Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas, que en diciembre de 2002 comunicó al Ayuntamiento la necesidad de tramitar un Plan Especial de Infraestructuras (PEI) previo, para determinar la viabilidad de la actuación propuesta.

El PEI, que fue redactado por Onde 2000 SL, fue sometido a aprobación inicial por el pleno del Ayuntamiento el 13 de marzo de 2003, siendo aprobado sólo con los votos de la mayoría socialista, después de que los grupos de la oposición pusieran de manifiesto la falta de informes preceptivos, circunstancias que el alcalde conocía.

El día 22 de abril de ese año, el alcalde convocó un nuevo pleno para aprobar definitivamente el PEI, tras las alegaciones formuladas y las rectificaciones realizadas por la Comisión de Urbanismo, aunque volvió a aprobarse sólo con los votos favorables del Grupo Socialista, pues la oposición insistía en sus argumentos contrarios.

Como la propuesta de Onde 2000 SL incluía un PAU que comprendía la reclasificación de terreno rústico mediante la modificación de las normas del Ayuntamiento, eran necesarios los informes preceptivos de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.

Estos informes no constaban en el expediente, a pesar de lo cual, el alcalde volvió a celebrar el día 8 de mayo un nuevo pleno para aprobar el PAU, donde aseguró, ante las críticas de la oposición, que los informes sí constaban y que "eran favorables".

El alcalde sometió a la aprobación del pleno, tanto el PAU de Onde 2000 SL como su adjudicación como agente urbanizador a Onde 2000 SL y la propuesta de convenio urbanístico con Onde 2000 SL, votando en contra, por las mismas razones, los grupos de la oposición.

 

DOS AÑOS DE INVESTIGACIÓN.

La denuncia culmina así dos años de investigación de la Fiscalía Anticorrupción, en los que ha encontrado unos incrementos patrimoniales injustificados por parte de Martín Jiménez que motivan, junto con otros indicios, la presentación ante el Juzgado de la Denuncia para que se inicie la investigación judicial que corresponda.

La denuncia, que tiene en su origen en la solicitud realizada por el actual alcalde de Seseña (Toledo), Manuel Fuentes, e Izquierda Unida, para que se investigaran las "presuntas tramas especulativas" en torno al PAU 'El Quiñón', se extiende no sólo al alcalde, sino a cualquier otra persona que resulte responsable de la causa, los delitos de prevaricación, cohecho y contra la hacienda pública.

IU presentó un informe de 26 hojas y 500 documentos más un video informativo ante la Fiscalía Anticorrupción el 14 de julio de 2006, y la Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias informativas para "conocer y determinar las irregularidades" en este caso el día 26 de ese mismo mes.

Tras la presentación del informe pidiendo la investigación en julio de 2006, comenzó un cruce de acusaciones entre el actual alcalde, Manuel Fuentes, y el constructor Francisco Hernando 'El Pocero' que se ha prolongado durante dos años y que ha provocado que el segundo haya llegado a presentar hasta seis querellas contra el primer edil por delitos de injurias, todas ellas sobreseídas.